"Las Normas que Redefinen el Panorama en México: Un Análisis Actual"

La diversidad y amplitud de las modalidades criminales que se están perpetrando en el México contemporáneo es un tema que se aborda con poca frecuencia. Quizás se deba a la dificultad para identificar estos fenómenos, a que ya se consideran parte de la cotidianidad o a que parecen más aceptables en comparación con las muertes, las desapariciones y las masacres. A pesar del negacionismo o la minimización, se acumula una creciente cantidad de evidencias sobre las extorsiones a las que se ven sometidos amplios y variados sectores de la sociedad. Periodistas, columnistas e investigadores están documentando las formas en que se imponen pagos a las personas por realizar o abstenerse de determinadas actividades. A las tradicionales modalidades de los “derechos de piso”, se han sumado cobros a quienes reciben ayudas de los programas de bienestar, remesas, así como por el suministro de agua para riego agrícola o uso doméstico, e incluso por la extensión de las propiedades rurales o urbanas.

La falta de identificación y estudio de las criminalidades extorsivas tiene mucho que ver con la manera en la que están asociadas con la violencia. En los programas e informes gubernamentales tienen centralidad los macabros recuentos de personas muertas y “abatidas”, los detenidos y los decomisos. A los daños sufridos por las personas y los entornos familiares y sociales se les ha asignado un papel secundario, prácticamente testimonial o de acompañamiento. Las personas desaparecidas, las levantadas, los huérfanos y las viudas, los daños psicológicos y económicos a las poblaciones, y las pérdidas de sentidos individuales o colectivos han dejado de tener relevancia programática e institucional.

La manera en la que está concebida la lucha contra la delincuencia, parte del supuesto de que la violencia ejercida por las organizaciones delincuenciales puede llegar a competir con el monopolio coactivo del Estado, sobre todo si adquieren dominios territoriales. Esta noción no es equivocada, pero resulta parcial. Ningún Estado puede subsistir si carece de un dominio sólido para imponer las normas jurídicas generadas por sus órganos y autoridades. Tienen razón entonces quienes piensan que no pueden cederse espacios de coactividad a las organizaciones criminales, sencillamente porque estas terminarían por monopolizar o “cartelizar” el uso de la fuerza necesaria para imponer las normas mediante las cuales se pretende que se comporten los integrantes de una sociedad.